En una economía de mercado, son los empresarios los principales actores, ya que desempeñan la importante función social de reunir y organizar los factores de la producción para la posterior creación de riquezas, además de otorgar puestos de trabajo productivo. El éxito de tal tipo de economía se logra a partir de la competencia empresarial. De ahí que, para el establecimiento de una economía de mercado, hace falta una adecuada cantidad de empresarios en cada rubro, de lo contrario, si hay muy pocos, se establecerán monopolios parciales que impiden establecer la competencia promotora de la innovación y la posterior reducción de precios como la mejora de la calidad de los productos.
Si se dispone de una cantidad suficiente de empresarios, debe lograrse luego una aceptable efectividad en su desempeño, lo que implica responder adecuadamente en la dura lucha establecida en el mercado. Sin embargo, cuando ello no ocurre, la economía resultante no puede denominarse “de mercado” por cuanto, por la falta de cantidad o de calidad empresarial, no se cumple con las condiciones básicas para la competencia, lo que da lugar a la aparición de monopolios naturales (falta la cantidad), o bien voluntarios (falta la calidad).
La falta de empresarios se debe seguramente a la difamación del sector por parte de la izquierda política, y por la negligencia predominante en una sociedad en la cual la mayoría prefiere desempeñar un puesto de trabajo en el Estado en donde la principal preocupación sea la de cumplir horarios. También son los empresarios que han logrado una posición dominante en el mercado los que menor predisposición por la competencia muestran, recurriendo por lo general a los políticos a cargo del Estado para obtener algún tipo de ventaja que les facilite mantener sus privilegios. Ernesto Sandler escribió: “El orden económico abierto exige a las empresas tener una elevada eficiencia organizativa y una óptima utilización de los factores de producción. Las obliga a permanecer alertas y pendientes de los nuevos emprendimientos que ingresan constantemente en el mercado para competir y superarlas en su rendimiento”.
“Esta tensión generada por la competitividad y la necesidad de rentabilidad empresarial no se detiene jamás en un orden económico abierto. La interconectividad, la globalización, la expansión del conocimiento, las franquicias de empresas exitosas, el acceso al financiamiento y la capacitación de los recursos humanos, entre otras decenas de factores, no dejan que las empresas se distraigan un segundo. El mundo moderno obliga a las empresas a emprender constantemente nuevos proyectos de negocios a nivel nacional e internacional a fin de mantenerse actualizadas y competitivas”.
“Esa tensa situación genera una paradoja económica: las empresas, que quieren ingresar en el mercado, exigen libertad e igualdad para realizar sus actividades. No quieren limitaciones para participar en un orden económico. Exigen igualdad de oportunidades y libertad para competir. Consideran que su único límite debe ser su talento y su capacidad para lograr mayor productividad”.
“En la contracara de la misma moneda están las empresas instaladas desde hace tiempo en el mercado. Estas reclaman lo contrario. Exigen a los gobiernos que pongan límites o barreras a los nuevos emprendedores empresariales. Solicitan que se los proteja para mantener el empleo de los trabajadores y sus beneficios”. “A pesar de que públicamente pregonan como esencial la constitución y el desarrollo de una economía abierta y con iguales oportunidades, en su fuero íntimo la combaten” (De “Economía sin barreras”-Mucho Gusto Editores-Buenos Aires 2012).
Los políticos a cargo del Estado, que favorecen a las empresas existentes “protegiéndolas” de todo posible competidor que pueda surgir, “cobran” por sus servicios; ya que nada es gratis. Esta es una forma de corrupción cuyos montos salen siempre de los bolsillos de los consumidores. Cuando, desde el liberalismo, se sugiere la “no intervención estatal en la economía”, se tiene en cuenta este caso, ya que implica una forma de distorsionar la economía capitalista, o de mercado. Luego, los consumidores tienen que pagar precios altos por productos de mediocre calidad por cuanto son producidos por monopolios amparados por el gobierno de turno. Sin embargo, son los propios políticos intervencionistas los que difaman socialmente al sector “neoliberal”, por lo cual gran parte de la población argentina se opone a la economía de mercado, al menos según lo que puede extraerse de sus decisiones y preferencias electorales. Javier González Fraga escribió: “El Estado debe reducir sus funciones para centrarse sobre aquellas verdaderamente indelegables: la administración de la justicia, la salud, la vivienda, la educación y la seguridad. Pero debe limitar sus actividades en lo posible, ya que cuanto más interviene el Estado más oportunidad de corrupción hay. No debería ser una función estatal, por ejemplo, qué sector económico crece o cuál está expuesto a la competencia” (De “La corrupción” de Mariano Grondona-Editorial Planeta SAIC-Buenos Aires 1993).
Los sindicatos, por otra parte, en una economía de mercado verdadera, tienen inconvenientes en lograr mejoras salariales por cuanto todo empresario verá elevarse sus costos no pudiéndolos trasladar de inmediato a los precios por cuanto podrán resentirse sus ventas. Por el contrario, las empresas monopólicas, amparadas por el Estado, no tienen mayores inconvenientes en acceder a los pedidos de los sindicalistas por cuanto sus demandas serán satisfechas trasladando a los precios, en forma rápida, las ventajas acordadas. Así, todo resulta más caro reduciéndose el poder adquisitivo de los sueldos.
Demás está decir que los empresarios no competitivos presionan al gobierno para que pongan trabas o directamente impidan que ingresen desde el exterior mercaderías de mejor calidad, de mejor precio, o de ambos. Para ello se establecen argumentos de tipo nacionalista sugiriendo el slogan “compre nacional”. En realidad, si las ventajas obtenidas por las empresas beneficiarán al consumidor y a la economía nacional, no habría mayores inconvenientes con el nacionalismo económico. Sin embargo, se sabe que en realidad el empresario no competitivo, ante la protección estatal, buscará optimizar sus ganancias subiendo los precios y reduciendo los sueldos de sus empleados lo más posible. El empresario patriota, no nacionalista, será el que prefiere el desarrollo integral de su país no impidiendo que los más capaces puedan desarrollar sus potencialidades libremente, ya sea argentino o extranjero.
Del monopolio surge la posibilidad de explotación laboral, ya que el trabajador no tiene la posibilidad de trabajar en otra empresa. Por el contrario, en una economía competitiva, todo empleador tratará de cuidar a sus empleados para no perder parte de su capital humano, y para no cederlo a la competencia.
El liberalismo aboga por la competencia entre empresas y, por lo tanto, se opone a la formación de monopolios y a la consiguiente posibilidad de explotación laboral. Sin embargo, en forma tendenciosa, quienes promueven el intervencionismo estatal (y los monopolios protegidos por el Estado), culpan al liberalismo de promover tal explotación. Para ello se necesita una fuerte dosis de cinismo. De ahí que los problemas de la política y de la economía sean esencialmente problemas éticos. Si se dijera la verdad, cumpliendo con el antiguo mandamiento bíblico, se aclararía bastante el turbio ambiente de la política.
Si bien en las sociedades reales no existen los casos puros, éstos existen como tendencias que se tratan de alcanzar o bien que se tratan de evitar. Podemos, entonces, considerar dos escenarios posibles. En uno existe una buena cantidad de empresarios, de aceptable eficacia, que compiten en el mercado, cumpliendo el Estado con su presencia en el ámbito de la seguridad y la justicia, principalmente. Luego, los empresarios junto a sus empleados compiten cooperativamente ante otros empresarios junto a sus respectivos empleados. No existe posibilidad de la “lucha de clases” mencionada por los marxistas. Este es el escenario propuesto por el liberalismo.
La otra posibilidad es la de las economías intervencionistas, promovidas por la socialdemocracia y los populismos, en las cuales el Estado protege a las empresas ineficientes de la competencia que podría relegarlas. Se forman monopolios que incluso pueden establecer cierta explotación laboral, ya que están dadas las condiciones favorables. En ese caso, es posible la “lucha de clases” por cuanto los empresarios monopólicos tienen la posibilidad de aprovecharse de sus empleados cautivos formando una clase económicamente privilegiada que perjudica a la otra clase, dependiente de la primera. Por lo tanto, las cosas son exactamente al revés de lo que indica el relato marxista. Incluso la “solución” propuesta por el marxismo, para combatir los monopolios, es establecer un gran monopolio estatal, el socialismo.
Los grupos empresarios, algunas veces, hacen “arreglos” para no competir entre ellos formando monopolios encubiertos, ya que en conjunto actúan de esa forma. También esta práctica es combatida por el liberalismo por cuanto se deforma el proceso competitivo del mercado. Ernesto Sandler escribió: “En nuestro país es común que existan entidades tipo «cárteles» que agrupan a varias empresas hegemónicas que se distribuyen el dominio del mercado sobre el que participan. A veces esas agrupaciones se presentan como Cámaras empresariales y otras veces como grupos informales de presión. En uno u otro caso las empresas hegemónicas de cada sector de la economía actúan de manera conjunta para dominar la oferta y la demanda. Actúan como una corporación de intereses. No quieren que su rentabilidad esté atada a las fuerzas incontrolables de un mercado competitivo, a la apertura del comercio internacional o al sistema abierto de precios. Prefieren controlar con «criterios razonables» al mercado y el sector económico donde focalizan sus actividades para defender sus intereses”.
“Las empresas con intenciones monopólicas saben que hay que elegir un camino seguro y efectivo para dominar el mercado. Ese camino siempre conduce directamente a los gobiernos. No hay mejor colaboración para dominar el mercado que la que puede ofrecer el más poderoso de todos los poderes en la actualidad: el Estado”.
“El Estado tiene un poder único. A través de la legalidad que ofrece el derecho positivo puede garantizar privilegios, proteger empresas, eliminar la competencia, acordar con los sindicatos, conseguir créditos, impedir importaciones y abrir cientos de posibilidades para dominar el mercado. Con la colaboración de los gobiernos, las empresas evitan los vaivenes del mercado, controlan los sindicatos, eluden la competencia y obtienen alta rentabilidad”.
Puede decirse que, a mayor intervención estatal en la economía, mayor corrupción, mayor socialismo y menor liberalismo. El economista Robert Kliegaard estableció una fórmula para la corrupción, en la cual no es extraña la presencia del factor principal, que es el monopolio:
Corrupción = Monopolio + Discrecionalidad – Transparencia
Si se dispone de una cantidad suficiente de empresarios, debe lograrse luego una aceptable efectividad en su desempeño, lo que implica responder adecuadamente en la dura lucha establecida en el mercado. Sin embargo, cuando ello no ocurre, la economía resultante no puede denominarse “de mercado” por cuanto, por la falta de cantidad o de calidad empresarial, no se cumple con las condiciones básicas para la competencia, lo que da lugar a la aparición de monopolios naturales (falta la cantidad), o bien voluntarios (falta la calidad).
La falta de empresarios se debe seguramente a la difamación del sector por parte de la izquierda política, y por la negligencia predominante en una sociedad en la cual la mayoría prefiere desempeñar un puesto de trabajo en el Estado en donde la principal preocupación sea la de cumplir horarios. También son los empresarios que han logrado una posición dominante en el mercado los que menor predisposición por la competencia muestran, recurriendo por lo general a los políticos a cargo del Estado para obtener algún tipo de ventaja que les facilite mantener sus privilegios. Ernesto Sandler escribió: “El orden económico abierto exige a las empresas tener una elevada eficiencia organizativa y una óptima utilización de los factores de producción. Las obliga a permanecer alertas y pendientes de los nuevos emprendimientos que ingresan constantemente en el mercado para competir y superarlas en su rendimiento”.
“Esta tensión generada por la competitividad y la necesidad de rentabilidad empresarial no se detiene jamás en un orden económico abierto. La interconectividad, la globalización, la expansión del conocimiento, las franquicias de empresas exitosas, el acceso al financiamiento y la capacitación de los recursos humanos, entre otras decenas de factores, no dejan que las empresas se distraigan un segundo. El mundo moderno obliga a las empresas a emprender constantemente nuevos proyectos de negocios a nivel nacional e internacional a fin de mantenerse actualizadas y competitivas”.
“Esa tensa situación genera una paradoja económica: las empresas, que quieren ingresar en el mercado, exigen libertad e igualdad para realizar sus actividades. No quieren limitaciones para participar en un orden económico. Exigen igualdad de oportunidades y libertad para competir. Consideran que su único límite debe ser su talento y su capacidad para lograr mayor productividad”.
“En la contracara de la misma moneda están las empresas instaladas desde hace tiempo en el mercado. Estas reclaman lo contrario. Exigen a los gobiernos que pongan límites o barreras a los nuevos emprendedores empresariales. Solicitan que se los proteja para mantener el empleo de los trabajadores y sus beneficios”. “A pesar de que públicamente pregonan como esencial la constitución y el desarrollo de una economía abierta y con iguales oportunidades, en su fuero íntimo la combaten” (De “Economía sin barreras”-Mucho Gusto Editores-Buenos Aires 2012).
Los políticos a cargo del Estado, que favorecen a las empresas existentes “protegiéndolas” de todo posible competidor que pueda surgir, “cobran” por sus servicios; ya que nada es gratis. Esta es una forma de corrupción cuyos montos salen siempre de los bolsillos de los consumidores. Cuando, desde el liberalismo, se sugiere la “no intervención estatal en la economía”, se tiene en cuenta este caso, ya que implica una forma de distorsionar la economía capitalista, o de mercado. Luego, los consumidores tienen que pagar precios altos por productos de mediocre calidad por cuanto son producidos por monopolios amparados por el gobierno de turno. Sin embargo, son los propios políticos intervencionistas los que difaman socialmente al sector “neoliberal”, por lo cual gran parte de la población argentina se opone a la economía de mercado, al menos según lo que puede extraerse de sus decisiones y preferencias electorales. Javier González Fraga escribió: “El Estado debe reducir sus funciones para centrarse sobre aquellas verdaderamente indelegables: la administración de la justicia, la salud, la vivienda, la educación y la seguridad. Pero debe limitar sus actividades en lo posible, ya que cuanto más interviene el Estado más oportunidad de corrupción hay. No debería ser una función estatal, por ejemplo, qué sector económico crece o cuál está expuesto a la competencia” (De “La corrupción” de Mariano Grondona-Editorial Planeta SAIC-Buenos Aires 1993).
Los sindicatos, por otra parte, en una economía de mercado verdadera, tienen inconvenientes en lograr mejoras salariales por cuanto todo empresario verá elevarse sus costos no pudiéndolos trasladar de inmediato a los precios por cuanto podrán resentirse sus ventas. Por el contrario, las empresas monopólicas, amparadas por el Estado, no tienen mayores inconvenientes en acceder a los pedidos de los sindicalistas por cuanto sus demandas serán satisfechas trasladando a los precios, en forma rápida, las ventajas acordadas. Así, todo resulta más caro reduciéndose el poder adquisitivo de los sueldos.
Demás está decir que los empresarios no competitivos presionan al gobierno para que pongan trabas o directamente impidan que ingresen desde el exterior mercaderías de mejor calidad, de mejor precio, o de ambos. Para ello se establecen argumentos de tipo nacionalista sugiriendo el slogan “compre nacional”. En realidad, si las ventajas obtenidas por las empresas beneficiarán al consumidor y a la economía nacional, no habría mayores inconvenientes con el nacionalismo económico. Sin embargo, se sabe que en realidad el empresario no competitivo, ante la protección estatal, buscará optimizar sus ganancias subiendo los precios y reduciendo los sueldos de sus empleados lo más posible. El empresario patriota, no nacionalista, será el que prefiere el desarrollo integral de su país no impidiendo que los más capaces puedan desarrollar sus potencialidades libremente, ya sea argentino o extranjero.
Del monopolio surge la posibilidad de explotación laboral, ya que el trabajador no tiene la posibilidad de trabajar en otra empresa. Por el contrario, en una economía competitiva, todo empleador tratará de cuidar a sus empleados para no perder parte de su capital humano, y para no cederlo a la competencia.
El liberalismo aboga por la competencia entre empresas y, por lo tanto, se opone a la formación de monopolios y a la consiguiente posibilidad de explotación laboral. Sin embargo, en forma tendenciosa, quienes promueven el intervencionismo estatal (y los monopolios protegidos por el Estado), culpan al liberalismo de promover tal explotación. Para ello se necesita una fuerte dosis de cinismo. De ahí que los problemas de la política y de la economía sean esencialmente problemas éticos. Si se dijera la verdad, cumpliendo con el antiguo mandamiento bíblico, se aclararía bastante el turbio ambiente de la política.
Si bien en las sociedades reales no existen los casos puros, éstos existen como tendencias que se tratan de alcanzar o bien que se tratan de evitar. Podemos, entonces, considerar dos escenarios posibles. En uno existe una buena cantidad de empresarios, de aceptable eficacia, que compiten en el mercado, cumpliendo el Estado con su presencia en el ámbito de la seguridad y la justicia, principalmente. Luego, los empresarios junto a sus empleados compiten cooperativamente ante otros empresarios junto a sus respectivos empleados. No existe posibilidad de la “lucha de clases” mencionada por los marxistas. Este es el escenario propuesto por el liberalismo.
La otra posibilidad es la de las economías intervencionistas, promovidas por la socialdemocracia y los populismos, en las cuales el Estado protege a las empresas ineficientes de la competencia que podría relegarlas. Se forman monopolios que incluso pueden establecer cierta explotación laboral, ya que están dadas las condiciones favorables. En ese caso, es posible la “lucha de clases” por cuanto los empresarios monopólicos tienen la posibilidad de aprovecharse de sus empleados cautivos formando una clase económicamente privilegiada que perjudica a la otra clase, dependiente de la primera. Por lo tanto, las cosas son exactamente al revés de lo que indica el relato marxista. Incluso la “solución” propuesta por el marxismo, para combatir los monopolios, es establecer un gran monopolio estatal, el socialismo.
Los grupos empresarios, algunas veces, hacen “arreglos” para no competir entre ellos formando monopolios encubiertos, ya que en conjunto actúan de esa forma. También esta práctica es combatida por el liberalismo por cuanto se deforma el proceso competitivo del mercado. Ernesto Sandler escribió: “En nuestro país es común que existan entidades tipo «cárteles» que agrupan a varias empresas hegemónicas que se distribuyen el dominio del mercado sobre el que participan. A veces esas agrupaciones se presentan como Cámaras empresariales y otras veces como grupos informales de presión. En uno u otro caso las empresas hegemónicas de cada sector de la economía actúan de manera conjunta para dominar la oferta y la demanda. Actúan como una corporación de intereses. No quieren que su rentabilidad esté atada a las fuerzas incontrolables de un mercado competitivo, a la apertura del comercio internacional o al sistema abierto de precios. Prefieren controlar con «criterios razonables» al mercado y el sector económico donde focalizan sus actividades para defender sus intereses”.
“Las empresas con intenciones monopólicas saben que hay que elegir un camino seguro y efectivo para dominar el mercado. Ese camino siempre conduce directamente a los gobiernos. No hay mejor colaboración para dominar el mercado que la que puede ofrecer el más poderoso de todos los poderes en la actualidad: el Estado”.
“El Estado tiene un poder único. A través de la legalidad que ofrece el derecho positivo puede garantizar privilegios, proteger empresas, eliminar la competencia, acordar con los sindicatos, conseguir créditos, impedir importaciones y abrir cientos de posibilidades para dominar el mercado. Con la colaboración de los gobiernos, las empresas evitan los vaivenes del mercado, controlan los sindicatos, eluden la competencia y obtienen alta rentabilidad”.
Puede decirse que, a mayor intervención estatal en la economía, mayor corrupción, mayor socialismo y menor liberalismo. El economista Robert Kliegaard estableció una fórmula para la corrupción, en la cual no es extraña la presencia del factor principal, que es el monopolio:
Corrupción = Monopolio + Discrecionalidad – Transparencia
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